LICENCIAS AYUNTAMIENTO DE MADRID

Ya hace más de tres meses que Ana Botella comunicó su intención de eliminar las licencias de actividad: "Vamos a poner en marcha una reforma urgente por la que, en la ciudad de Madrid, los particulares podrán abrir actividades generadoras de empleo sin más intervención administrativa que su mera comunicación", ha dicho. "Lo quiero dejar muy claro: cualquier pequeño negocio que no precise de una declaración de impacto ambiental podrá acogerse a este novedoso sistema de comunicación previa. Sin más trámites burocráticos, pero sometiéndose a un estricto control personal", ha insistido.

Han pasado más de tres meses y la noticia no se ha materializado de manera plausible. ¿Por qué? las razones son varias: 1-La intención de la alcaldesa no es sólo desbloquear el complejo procedimiento que conlleva solicitar una licencia de actividad, sino ganarse la simpatía de los votantes, esto la lleva a hacer declaraciones que chocan directamente con la realidad. ¿Por qué? por un lado porque el procedimiento de concesión de licencias está, en el caso de la ciudad de Madrid, delegado en gran medida a unas entidades privadas, ECLUS, que han creado intereses particulares en un procedimiento de naturaleza pública. Por otro lado, el problema no es el procedimiento en sí mismo, sino el tiempo que tarda la administración en gestionarlo. 2-Teniendo en cuenta que bien sea mediante una comunicación sencilla o presentando todo un dossier de documentación a tramitar, el problema reside en los tiempos que tarda el ayuntamiento en gestionar una licencia. Sería, por lo tanto más acertado, intentar acelerar los procesos en vez de eliminarlos.

Todo esto nos lleva a una sencilla conclusión, o bien los ayuntamientos han decidido eliminar el acto administrativo de solicitud de licencia y por lo tanto su consecuente tasa o bien, simplemente, modifican los procedimientos y lo que antes era una solicitud de licencia ahora es un simple comunicado, pero los tiempos son los mismos. Suponiendo el segundo caso, nos encontramos ante una situación delicada. Supongamos una persona que decide implantar una actividad que no requiera el estudio de impacto ambiental, esta persona abre su negocio según las indicaciones de un técnico (o no, ya que dispone de un periodo de tiempo bastante amplio hasta que un funcionario de la administración acuda a comprobar el estado de su actividad, por lo que decide actuar por su cuenta y riesgo), dado que nadie ha comprobado la viabilidad de su instalación, esta incumple de manera clamorosa los mínimos de seguridad (supongamos por ejemplo, que instala un congelador y lo conecta a una instalación eléctrica que no está preparada) a los pocos días dicha instalación provoca un cortocircuito y un incendio en el edificio.... ¿Quién es el responsable? Según las nuevas ordenanzas, será el propietario, que ha firmado un certificado de responsabilidad.

Podríamos seguir analizando las consecuencias de estas decisiones tan poco valoradas, pero siempre concluiremos de la misma forma. Señores políticos, el problema de la administración es sobre todo un problema de gestión y la solución es porque ustedes se pongan a trabajar y filtren todo el complejo mecanismo que han creado alrededor de la "normalización" de la vida cotidiana, cumplan ustedes la ley y los plazos, y den el servicio al que se deben por naturaleza. Por que si el ciudadano va a pagar lo mismo por realizar un procedimiento u otro, lo mínimo que pide a cambio es ciertas garantías. Y lo que ustedes tienen que hacer es en un plazo corto resolver la licencia y no evadir responsabilidades, a no ser claro está que estén ustedes también planteándose eliminar las tasas.